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Unesco aprueba resolución sobre estatus de Jerusalén

Unesco

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tildó el texto de “absurdo” y afirmó que niega el vínculo histórico que tienen los judíos con Jerusalén. Como represalia, Israel anunció el miércoles que donará a la ONU un millón de dólares menos. Sigue leyendo

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Una patria sin tierra

Desde 2006 se han demolido más de mil viviendas palestinas. Foto: Activestills.org

Desde 2006 se han demolido más de mil viviendas palestinas. Foto: Activestills.org

Buscar Palestina es ahora más difícil que nunca, aun más cuando Google, la gran empresa global asociada al Internet y las tecnologías, retiró desde el 25 de julio su nombre del mapa y lo sustituyó por el de Israel.

En un comunicado de periodistas palestinos dado a conocer este 4 de agosto, los comunicadores catalogaron el hecho como parte del plan israelí para «establecer su nombre como un Estado legítimo para las generaciones venideras y la abolición de la Palestina de una vez por todas».

Agregaron además que la omisión de la Autoridad Nacional Palestina, reconocida por la ONU en 2012 como Estado observador-no miembro, está diseñada para «falsificar la historia, la geografía, así como el derecho del pueblo palestino a su tierra natal».

La sustitución en los mapas de Google, diariamente consultado por millones de personas en todo el mundo, se une a otros muchos esfuerzos empleados por Tel Aviv para desaparecer a una nación, intentos que comprenden también alternativas menos simbólicas, más dañinas e igual de efectivas, las cuales han llevado a todo un pueblo a vivir aislado, reprimido y refugiado en su propia tierra.

Así, los habitantes autóctonos de la región levantina sufren la imposición de leyes y mecanismos externos que a la par de robarles sus territorios, destruyen sus hogares y su cultura.

Despojo y demolición

En el empeño de robar tierra, es imprescindible el control de lo que hay en ella. La lección ha sido bien aprendida por Israel y aplicada con efectividad: traslados forzados, demoliciones y falta de infraestructuras son algunos de los medios y, a la vez, consecuencias más evidentes.

Un informe de la OCHA (siglas en inglés de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) recoge la situación en la región de Cisjordania.

Escuela beduina en las afueras del poblado judío Maale Adumim, en Cisjordania. Foto: Reuters

Escuela beduina en las afueras del poblado judío Maale Adumim, en Cisjordania. Foto: Reuters

«El régimen de planificación y zonificación aplicado por las autoridades israelíes incluyen las maneras en que las tierras públicas son asignadas, haciendo virtualmente imposible para los palestinos obtener permiso de construcción», explica el documento.

Cisjordania, región oeste de Palestina, se encuentra dividida en tres zonas básicas, desglose temporal que se estableció en el acuerdo interino de 1995 (Acuerdo provisional israelí-palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, firmado en Washington por Tel Aviv y la OLP).

Luego, con la ruptura de las negociaciones en el 2000, poco más del 60 por ciento de este territorio, ubicado en la denominada zona C, quedó bajo el completo control israelí, que administra las medidas de seguridad, urbanización y planificación, así como otros aspectos relativos al territorio, pese a que esta potestad fue transferida a la Autoridad Palestina a finales de 1998.

Como consecuencia de ello, esclarece OCHA, casi todas las estructuras residenciales, incluidas carpas y cercas requieren permiso de construcción, el cual debe ser emitido por Tel Aviv. Pero las aprobaciones son escasas.

El resumen de la Oficina humanitaria expone que en el 70 por ciento del área C las construcciones palestinas están prohibidas, en el 29 están fuertemente restringidas y solo el uno por ciento del área está destinada al progreso palestino.

De acuerdo con datos de la Administración Civil Israelí, entre 2010 y 2014 se presentaron 2024 solicitudes palestinas de permisos de construcción en el área C, y de ellas solo 33 fueron aprobadas, por lo que durante esos cuatro años únicamente hallaron respuesta afirmativa el 1,5 por ciento de los solicitantes.

Esta situación impide el adecuado desarrollo de casas y otras infraestructuras en las comunidades palestinas y tiene serias consecuencias para toda la población de la región.

Para aquellos que permanecen en su tierra, muchas veces la mejor solución es construir sin autorización, y, por ende, estar sujeto a una posible orden de demolición por tener una construcción ilegal.

«Donde esas órdenes (de demolición) son implementadas, han ocasionado desplazamientos y desorganización de la comunidad, la excavación de la indigencia y el crecimiento de la dependencia hacia la ayuda externa», apunta el informe de la ONU.

Por su parte, datos de Al Jazeera refieren que en los últimos diez años, el pico de personas sin hogar a causa de los derrumbamientos se alcanzó en 2011, cuando 814 palestinos, 385 menores, perdieron su casa al ser destruidas 150 construcciones.

Solo hasta junio de 2016 casi se había alcanzado las estadísticas de años completos anteriores: 740 personas no tenían donde vivir, entre ellas 384 menores; en tanto el número de demoliciones sobrepasaba en 18 al total de 2011.

Derechos diferentes

Tras más de 50 años de enfrentamientos y conversaciones no logradas, el Gobierno israelí mantiene una feroz política de colonización hacia Palestina, patente en la usurpación de sus territorios y en el robo de su identidad como nación. Por ello, mientras limita las posibilidades de construcción de los palestinos, potencia el incremento de poblados israelíes en el territorio de Palestina.

Israel controla «directamente las dos terceras partes de Cisjordania y todo Jerusalén Este, donde hoy están censados cerca de 200 000 colonos judíos», puntualizó durante una conferencia de prensa el líder de la Iniciativa Nacional Palestina, Mustafá Barguti.

A esta cifra de colonos reconocidos se suman otros tantos que siguen estableciéndose en la región, con lo que se llega actualmente a más de 120 asentamientos oficiales y un centenar de outspot o colonias ilegales, declaradas así por el propio Gobierno judío. Solo en la zona C de Cisjordania viven cerca 356 000 israelíes, según datos del Buró Central Israelí de Estadísticas.

Así, los asentamientos «ilegales» de palestinos en su propio territorio son demolidos por no tener permiso y los poblados israelíes crecen sin la autorización necesaria, pero con el consentimiento tácito.

Protesta ante el asentamiento de Tekom. Foto: Palestina Libre

Protesta ante el asentamiento de Tekom. Foto: Palestina Libre

La ocupación se ejerce también sobre los recursos naturales, en especial el agua. Al respecto, Natasha Karmi, asesora de la Autoridad Nacional Palestina para los recursos hídricos, sostiene que los casi 400 000 israelíes de los asentamientos de Cisjordania consumen seis veces más caudal de agua que los más de dos millones de palestinos.

Al este del territorio también es palpable el uso de recursos, como los yacimientos de gas natural en las fronteras de la Franja de Gaza, cuya explotación corre a cuenta de Tel Aviv sin que el pueblo palestino pueda disfrutar de sus propias riquezas.

Robos, manipulación y reemplazo han regido los acercamientos israelíes a Palestina. Aún hoy continúan y se modifican con los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, pero allí, en la región levantina, un pueblo continúa su lucha por tener un futuro, no perder su pasado y lograr que un día, en lugar de destruir, solo se erijan viviendas.

Fuente: Juventud Rebelde